Plan IA360: España promete la carrera, pero aún no ha escrito el plan

Lunes, 21 de septiembre de 2026. Palacio de la Moncloa, once de la mañana. Un atril, cinco ministros, tres científicas y científicos en primera fila y una palabra repetida hasta desgastarla: soberanía. El presidente del Gobierno presenta el Plan IA360 y lo hace con la gramática de las grandes ocasiones: catorce proyectos tractores, ocho ámbitos de actuación, una gigafactoría de inteligencia artificial, un Contrato Social para la IA, una alianza con Iberoamérica y un objetivo que suena a promesa electoral más que a plan industrial: situar a España entre los cinco países líderes del mundo en inteligencia artificial.

Salí de la lectura del documento con la misma sensación que cuando un cliente me entrega una presentación de cuarenta diapositivas con una portada extraordinaria: lo primero que busco no es la ambición, sino la tabla de presupuesto, los responsables con nombre y los hitos con fecha. No los encontré. Y ese vacío es el asunto de este artículo.

No voy a discutir si España debe tener un plan de IA. Debe. Voy a discutir algo más incómodo: si lo que se presentó el lunes es un plan o es la promesa de un plan. Porque en la era pre-singularidad —esa fase en la que la tecnología todavía se puede gobernar, pero ya no se puede ignorar— la diferencia entre ambas cosas no es retórica. Es la diferencia entre llegar y contar cómo iba a haber llegado.

Lo que se presentó: la arquitectura del anuncio

El Plan IA360 se organiza en ocho ámbitos y catorce proyectos tractores. Los más concretos, por orden de peso económico declarado:

• Una gigafactoría de IA con una inversión anunciada de 5.000 millones de euros, de los que 719,85 millones serían capital público a través de la SETT, la sociedad estatal de transformación tecnológica, más 300 millones de aportación española a EuroHPC. El consorcio: Telefónica, ACS, Santander y Multiverse Computing, con la SETT y la Generalitat de Cataluña en el capital. Dos emplazamientos: Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). La candidatura depende de la convocatoria EuroHPC, cuyo plazo cierra el 12 de noviembre de 2026.
• Un Bono IA de 600 millones de euros para que unas 25.000 pymes incorporen herramientas de inteligencia artificial.
• 300 millones para ciberseguridad ligada a la IA.
• La Red NEURONA, una red de centros de excelencia en investigación.
• Un Instituto de Seguridad de la IA, integrado en la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
• Un Contrato Social para la IA, cuya negociación arranca en octubre, y una Alianza Iberoamericana de IA, que se firmará el 3 de noviembre.

Los objetivos a 2030: que el 55 % de las empresas use IA, cincuenta unicornios tecnológicos, multiplicar por cinco la inversión privada y entrar en el top 5 del índice de vitalidad de Stanford.

Hasta aquí, la fachada. Es buena. Ahora entremos en el edificio.

Lo que no se presentó: presupuesto total, propietarios y calendario

El documento no contiene una cifra de presupuesto total. Suma partidas —los 719 de la SETT, los 600 del Bono, los 300 de ciberseguridad— pero no dice cuánto cuesta el plan en conjunto, de qué capítulos presupuestarios sale ni cuánto de ese dinero es nuevo y cuánto es reetiquetado de programas ya existentes.

Tampoco asigna un ministerio responsable a cada proyecto. Cinco ministros comparecieron: Economía, Trabajo, Ciencia, Transformación Digital y la Secretaría de Estado de Digitalización e IA. El plan cruza todos ellos. ¿Quién responde si la gigafactoría no obtiene la financiación europea en noviembre? ¿Quién responde si el Bono IA repite el patrón del Kit Digital, con un tercio de los fondos sin ejecutar y una parte del resto convertida en páginas web que nadie visita?

Y esto llega en un momento que el documento no menciona: según la Comisión Europea, el 87 % de los 26.200 millones de euros de fondos públicos para la transformación digital de España vence a finales de 2026. El plan nace cuando el dinero europeo se acaba, y no explica con qué lo sustituye.

Max Weber distinguía entre el político que vive para la política y el que vive de ella. Cabe una tercera figura, muy española: el que vive del anuncio. El anuncio se produce en un día; el plan se ejecuta en cinco años. Y el sistema de incentivos de la política española recompensa lo primero y apenas mide lo segundo.

Dónde estamos: la posición real de España, gobierno y empresa por separado

Conviene separar dos planos que el discurso oficial funde a conveniencia: lo que hace el Estado y lo que hace el tejido productivo.

En el plano gubernamental, España tiene tres activos reales y un pasivo estructural.

Los activos: fue el primer país de la Unión Europea en crear una agencia de supervisión de la IA (la AESIA, con sede en A Coruña); dispone de infraestructura de supercomputación de primer nivel en el Barcelona Supercomputing Center, con el MareNostrum 5; y ha impulsado ALIA, una familia de modelos de lenguaje públicos entrenados en castellano y lenguas cooficiales.

El pasivo: la capacidad de ejecución. La AESIA, creada en 2023, contaba con 23 personas en plantilla en septiembre de 2025, según la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria; la previsión inicial era de 70 a 80 funcionarios. La Oficina de IA de la Comisión Europea, que supervisa a los proveedores de modelos de propósito general, se diseñó con más de un centenar. Y desde agosto de 2026 la AESIA tiene que vigilar el cumplimiento del Reglamento europeo de IA en los sistemas de alto riesgo que operen en España. Con unas decenas de personas.

ALIA es el otro síntoma. Su modelo de 40.000 millones de parámetros se presentó en enero de 2025, cuando el entrenamiento llevaba 2,3 billones de tokens de los 12 previstos, y sin ajuste de instrucciones; lo ha contado el propio equipo del Barcelona Supercomputing Center. La asignación de cómputo pasó de 512 nodos del MareNostrum 5 a 256, luego a 128 y finalmente a 16, insuficientes para preentrenar. Un modelo público es una decisión soberana correcta; un modelo público anunciado antes de tiempo y entrenado con una fracción de lo previsto es un anuncio con forma de modelo.

En el plano empresarial, los datos son más sobrios que el discurso, pero no son malos.

Según Eurostat, el 21,1 % de las empresas españolas de diez o más empleados usa IA, ligeramente por encima de la media europea (20 %) y a media distancia de Dinamarca (42 %). El 49 % de los ciudadanos ha usado IA generativa, sexta posición europea. En el índice de vitalidad de Stanford, España ocupa el séptimo puesto global. El objetivo de entrar en el top 5 no es descabellado; el objetivo del 55 % de adopción empresarial en 2030 sí es exigente: exige más que duplicar la tasa en cuatro años en un tejido donde el 99 % de las empresas son pymes.

Donde el retrato se oscurece es en la inversión privada. El AI Index 2026 de Stanford cifra la inversión privada en IA en 2025 en 285.900 millones de dólares para Estados Unidos, 12.400 para China, 5.900 para el Reino Unido, 4.360 para Francia y 3.890 para Alemania. España no aparece entre los quince primeros. Es decir: está por debajo de los mil millones. Multiplicar por cinco desde ahí sigue dejándonos por detrás de Francia hoy.

Y el dato que explica casi todo lo demás: la proporción de especialistas TIC sobre el empleo total sigue por debajo de la media europea, según el informe de la Década Digital 2026 de la Comisión. Se puede comprar cómputo. No se puede comprar, a corto plazo, el talento que lo hace útil.

Los actores: ¿quién va a ejecutar esto y está preparado para la frontera?

Aquí es donde el pensamiento crítico deja de ser cortés.

El consorcio de la gigafactoría. Telefónica, ACS y Santander, con un 15,67 % cada una; Multiverse Computing, con un 4 %; la SETT, con un 47,99 %, y la Generalitat de Cataluña, con un 1 %. Tres de los cuatro socios privados son empresas excelentes en lo suyo, y lo suyo no es la IA de frontera: un banco, una constructora y una operadora de telecomunicaciones. Multiverse Computing, la única empresa nativa de IA del grupo, es una compañía seria de compresión de modelos y computación cuántica; con un 4 % del capital, no marca la dirección. Las gigafactorías europeas compiten por atraer entrenamiento de modelos de frontera y cargas de inferencia industrial. Ninguno de los socios ha entrenado nunca un modelo de frontera. Lo que el consorcio aporta es capital, obra civil y fibra. Lo que no aporta, todavía, es el cliente ancla que llene los racks: la documentación pública no nombra ninguno. Sin ese cliente, una gigafactoría es un centro de datos muy caro con bandera.

La AESIA como sede del Instituto de Seguridad. Su director, Alberto Gago, nombrado en diciembre de 2025, tiene formación en traducción, derecho europeo, protección de datos y relaciones internacionales, y una trayectoria en la Comisión Europea y en la Secretaría de Estado de Digitalización; un perfil regulatorio y diplomático, no de investigación técnica en IA. Puede ser un buen gestor; el problema no es la persona, es el diseño. Los institutos de seguridad de la IA que funcionan —el británico, el estadounidense antes de su recorte— se construyeron con equipos de evaluación técnica capaces de auditar un modelo de frontera: red teaming, evaluaciones de capacidades peligrosas, acceso previo a los pesos. Eso requiere perfiles que hoy cobran en San Francisco o en Londres cinco veces lo que ofrece la función pública española. El documento no dice cómo va a atraerlos.

El panel científico. Senén Barro, Verónica Bolón y Rosa Lillo son investigadores de trayectoria sólida y reconocida. Son también, los tres, académicos de universidad pública, con experiencia en investigación, docencia y gestión universitaria. Lo que no consta en sus trayectorias públicas es experiencia en construir o gobernar sistemas de IA a escala de frontera, que es lo que el plan dice querer. El comité asesor de un plan que quiere cincuenta unicornios no incluye a nadie que haya fundado, escalado o vendido uno.

El Laboratorio de Ideas. Una figura de consulta con representantes institucionales, sindicales, empresariales y académicos. Su nombre es exacto: un laboratorio produce ideas. No produce decisiones.

Sancho Panza gobernó la ínsula Barataria con buen juicio y sin presupuesto, hasta que descubrió que la ínsula era una broma de los duques. No estoy diciendo que el Plan IA360 sea una broma. Estoy diciendo que un gobernador sin presupuesto, por sensato que sea, gobierna lo que otros deciden dejarle.

La carrera de la que se habla y la carrera que se corre

Este es el punto que más me importa, porque conecta con el tercer camino europeo que analicé la semana pasada.

El discurso del lunes se pronunció en el lenguaje de la carrera: «no quedarnos atrás», «liderazgo», «los cinco primeros». Es el lenguaje correcto, porque la carrera existe. Los laboratorios de frontera de Estados Unidos y China gastan en un año lo que Europa entera destina en una década, y lo que están construyendo no son herramientas, sino la infraestructura cognitiva sobre la que se organizará la economía de los próximos treinta años. Quien no tenga capacidad propia —cómputo, modelos, talento, datos y una autoridad que sepa evaluarlos— no será un competidor; será un mercado.

Pero la carrera tiene una regla que el discurso omitió: se corre con planes de acción, no con planes de intenciones. Un plan de acción tiene tres cosas que el Plan IA360 no tiene: un presupuesto cerrado con origen de fondos, un responsable único por proyecto con autoridad sobre los demás ministerios, y un calendario con hitos verificables trimestre a trimestre. Sin lo primero, cada proyecto compite con los demás por el mismo dinero. Sin lo segundo, cada proyecto es de todos y por tanto de nadie. Sin lo tercero, no hay forma de saber en marzo de 2028 si vamos bien o mal.

Hannah Arendt escribió que la promesa es la facultad humana que hace habitable el futuro: nos permite comprometernos con lo que todavía no existe. Tenía razón. Pero añadió una condición: la promesa vincula sólo cuando quien la hace conserva el poder de cumplirla. Un Gobierno con presupuestos prorrogados, fondos europeos que expiran y una agencia con unas decenas de personas promete algo cuyo cumplimiento no depende del todo de él. Y eso no es un plan. Es una apuesta a que las condiciones cambien.

Ortega y Gasset, en Meditación de la técnica, advertía de que la técnica sin un proyecto de vida detrás se convierte en pura capacidad vacía: «poder hacer» sin saber qué. España tiene ya bastante «poder hacer»: cómputo, talento formado, adopción ciudadana. Lo que el lunes no se presentó fue el proyecto que lo ordena.

Qué habría hecho falta, y qué toca ahora

Para no quedarme en la crítica, tres cosas que convertirían el anuncio en plan:

1. Publicar la ficha financiera completa antes de fin de año: coste total, origen de fondos por año, y qué parte es nueva. Sin eso, ningún inversor privado va a multiplicar por cinco nada.
2. Nombrar un responsable ejecutivo único, con rango suficiente para mandar sobre cinco ministerios y un mandato de cinco años que sobreviva a la legislatura. Francia lo hizo con Mistral y con su plan de cómputo. Reino Unido lo hizo con su instituto de seguridad.
3. Dotar a la AESIA como lo que dice que es: las 70 u 80 plazas previstas no bastan para supervisar el Reglamento europeo y evaluar modelos de frontera. Hacen falta perfiles técnicos con salarios de mercado, o hay que reconocer que la supervisión será formal.

Ahora vuelve a tu mesa. Si diriges una empresa, el Bono IA te puede pagar una herramienta; no te va a pagar el criterio para saber qué hacer con ella, y eso sigue siendo tu responsabilidad, no del Estado. Si trabajas en la Administración, tienes delante la oportunidad de convertir catorce titulares en catorce proyectos con dueño. Y si simplemente vives en este país, ten presente que la conversación que empezó el lunes es la más importante que va a tener España en esta década, y que se ha abierto con una promesa.

Cuando alguien te promete el futuro, ¿le preguntas primero por la fecha, por el presupuesto o por quién responde si no llega?

Preguntas frecuentes

Glosario del artículo

Proyecto tractor

En la jerga de planificación pública española, iniciativa de gran escala que se espera que arrastre inversión, empleo y actividad de otros sectores. El Plan IA360 define catorce.

Gigafactoría de IA

Centro de datos de gran capacidad diseñado para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA a gran escala, cofinanciado en Europa a través de la iniciativa EuroHPC.

EuroHPC

La Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento, que financia supercomputadores y, desde 2025, las gigafactorías de IA de la Unión.

SETT

Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, instrumento público de inversión del Estado en empresas y proyectos tecnológicos.

IA de frontera

Los modelos más capaces existentes en cada momento, entrenados con la mayor escala de cómputo y datos, y cuyos riesgos y capacidades todavía no están bien caracterizados.

Índice de vitalidad de IA (Stanford)

Clasificación anual del Stanford Institute for Human-Centered AI que ordena países según investigación, inversión, infraestructura, talento y políticas públicas en inteligencia artificial.